POR EFECTO DEL AISLAMIENTO TOTAL ORDENADO PARA DETENER EL COVID-19
EN PAISES DE BAJOS INGRESOS
Diego Fernández[1]
No hace falta citar
aquí las alarmantes y crecientes cifras de infectados y fallecidos que la
pandemia del Covid-19 ha tenido en países como Italia, España o China para
saber el duro camino que enfrentarán prácticamente todos los países del mundo,
los efectos que esto tendrá sobre las empresas prestadoras de los servicios de
agua y saneamiento y su trascendental papel en ayudar a contener este virus.
Hasta la fecha, el único camino que en la
mayoría de los países del mundo se ha identificado para contener y evitar el
esparcimiento del virus Covi-19 a toda la población ha sido el aislamiento casi
total de la población. La duración total de este aislamiento no está aún definida,
pero se parte de un mínimo de 4 semanas y hasta por 2 meses.
Ese aislamiento
implica la prohibición de la libre circulación de personas y vehículos, aún al
interior de las ciudades y la prohibición de prácticamente todos los viajes
entre ciudades y hacia o desde el exterior.
El gobierno da la
orden de que las a mayoría de las personas permanezcan en sus hogares, solo
pudiendo salir a realizar actividades de compra de alimentos o pasear mascotas.
Para evitar un colapso
total del país y garantizar la subsistencia, los gobiernos de cada país que ya
ha declarado este tipo de aislamiento han definido una lista importante de
excepciones, es decir de actividades y movimiento de personas que se deben
seguir realizando, especialmente las relacionadas con producción, importación y
abastecimiento de alimentos y bienes básico de salud e higiene. Les puedo
compartir la lista de las excepciones que ha definido hasta el momento el
gobierno de Colombia.
Toda la actividad
educativa se suspende; los colegios y universidades (especialmente los privados
que atienden población de nivel medio y alto) siguen con educación a distancia
(por internet), pero las escuelas públicas directamente cierran.
Concentrando la
atención en las empresas de agua, están resultan fundamentales para la
estrategia de contención del virus. Recordemos que lavarse las manos en forma
constante (al menos cada 2 o 3 horas) ha sido identificada, internacionalmente,
como la mejor estrategia para prevenir el contagio. Adicionalmente, la
permanencia en el hogar llevará al aumento del uso de los servicios sanitarios,
de incremento en el número de ducha que se toman al día (especialmente en las
zonas calidad) e incluso aumento en el uso agua para la preparación de alimentos
y lavado de loza.
Es evidente que
resulta fundamental garantizar la disponibilidad del servicio, por todos los
medios existentes (redes, pilas públicas e incluso carros cisternas), y esa es la responsabilidad que los gobiernos
depositan y demandan de los prestadores de estos servicios.
Pero la permanencia en
casa significa una reducción radical en los ingresos de todas aquellas familias
que dependen del comercio formal e informal, que (salvo el relacionado con
alimentos y medicamentos) prácticamente desaparece durante el periodo que dure
el aislamiento.
En todos los países
donde se han ordenado este tipo de aislamientos fuertes, una de las primeras
medidas que se ha tomado es la orden de conectar de manera inmediata a todos
los usuarios que tuviesen suspendido el servicio y se ha prohibido la
desconexión o corte del servicio.
Lo anterior implica
que las empresas de agua (incluyendo los proveedores privados) verán aumento en
sus costos para garantizar el servicio, pero sufrirán una caída radical en sus
ingresos porque muchos de sus usuarios no tendrán capacidad de pago y otros
porque, conociendo la prohibición de corte y la necesidad de priorizar el
consumo de alimentos, dejarán de pagar el servicio.
La caída en los ingresos y el aumento de
costos pondrá en grave riesgo la capacidad de los prestadores para cubrir los
sueldos de sus empleados, para cubrir los costos de combustible para sus
vehículos y equipos de bombeo móviles, para pagar la energía e incluso para
comprar insumos básicos para la potabilización o gestión del servicio (tubería,
herramientas; etc.).
En esas condiciones,
las empresas deben tomar, desde el primer día de declarado el aislamiento
medidas radicales respecto a sus gastos: solo se deben realizar pagos
esenciales como salarios, combustibles e insumos indispensables; se deben
suspender todo pago que no sea esencial, como consultores externos, estudios,
anticipos, obras en curso no esenciales (a menos que se ponga en riesgo su
estabilidad o continuidad futura) e incluso el pago de impuestos y energía.
Para tranquilidad de
las empresas prestadores del servicio de agua, el gobierno, por su parte, ya
habrá dado la orden de impedir el corte de todos los servicios, incluyendo
energía y ampliado los plazos para pagos de impuestos.
No obstante esas
medidas del gobierno no serán suficientes para evitar la falta de fondos de los
prestadores del servicio de agua y saneamiento y serán necesario que el
Gobierno Nacional incluya dentro de los sectores estratégicos a asistir los
prestadores de agua y saneamiento.
La ayuda del gobierno
puede ser diseñada como el pago de una parte sustancial o la totalidad de la
factura de los hogares más pobres y los pequeños comercios en zonas pobres,
girando directamente los recursos a los prestadores y requiriendo después un
balance que muestre el buen uso de esos recursos. Esa asistencia gubernamental
debe ser rápidamente diseñada e implementada, subsidiando no solo el consumo
que ocurra durante la emergencia, sino las facturas que se debían pagar por
parte de los usuarios a partir de la fecha de la orden de confinamiento, porque
es desde esta misma fecha que los usuarios suspenderán el pago de los
servicios.
En el países como
Paraguay, Guatemala o Mozambique, con cientos de operadores privados, es
necesario definir el esquema como el gobierno transferirá los recursos para
garantizar que ellos puedan seguir prestando sus servicios, lo cual puede ser
en función del número de conexiones atendidas. Es necesario establecer un
sistema de reporte y vigilancia de la forma como se realizan y usan esas
transferencias para garantizar que efectivamente van a prestadores que siguen
prestando sus servicios a las familias.
Una consideración
especial a tener en cuenta, es que la lograr que los usuarios vuelvan a pagar
de formar regular los servicios (es decir la recuperación de la cultura de
pago) tomará varios meses después de que
se declare la terminación del aislamiento obligatorio, puesto que igual tomará
un tiempo en recuperarse plenamente la actividad económica. Por tanto, el subsidio
del Gobierno en favor de los usuarios debe diseñarse para que dure esos meses
adicionales, aunque con tendencia decreciente hasta desaparezca o vuelva a los
niveles existente antes de la emergencia.
[1] Economista, consultor internacional en economía y regulación de
servicios públicos de agua y saneamiento básico.
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