TIENE SENTIDO PROHIBIR LA VENTA DE CELULARES POR MEDIO DE CONTRATOS CON
CLÁUSULAS DE PERMANENCIA MÍNIMA?
Debe el Gobierno impedir un acuerdo
libre entre dos agentes económicos que actúan, con capacidad y en plena
libertad, y no perjudica a terceros?
En un país libre y regido por una
economía de mercado la respuesta es claramente NO.
Los usuarios deben ser libres de
elegir entre incurrir en el costo de comprar su celular en un solo pago o,
alternativamente, pagarlo como parte de su consumo. Resulta inaudito que sea el
gobierno el que defina la
forma como los usuarios debemos adquirir nuestros
bienes o servicios.
Es claro que el gobierno puede y
debe intervenir un mercado de compra-venta de un bien cuando encuentre que hay
abuso de posición dominante de alguna de las partes (normalmente el vendedor),
pero en el caso de la venta de celulares por parte de las compañías de telefonía
móvil colombianas (donde Claro, Movistar y Tigo son las dominantes) ese no era
el caso.
La venta de celulares, por medio de
contratos con cláusula de permanencia, no puede considerarse un “abuso de
posición dominante”, ya que ese es un contrato simple de crédito de proveedor,
en donde el beneficiario está atado con la entidad proveedora hasta el
vencimiento del contrato.
A nadie se le ocurriría que el
gobierno prohibiera a las entidades de crédito tener un contrato que obligue a
los deudores a pagar la deuda, el cual rige esa relación hasta que se pague la
totalidad del crédito.
Los usuarios de celular, como en
cualquier contrato de crédito, podían salirse en cualquier momento del contrato
pre-pagando el crédito.
Además, los usuarios de celular
siempre tuvimos la alternativa de comprar el celular a un tercero, o traerlo
del extranjero e incluso comprárselo a la misma compañía que nos brinda el
servicio y pagárselo de contado, sin firmar ningún contrato de permanencia.
Pero aun existiendo todas esas
alternativas muchos usuarios –incluidos expertos en análisis financiero y
económico- decidían (como yo) adquirir su celular pagándolo por medio del
consumo mensual, es decir, preferíamos el crédito del proveedor.
Porqué razón y que argumentos tiene
el gobierno para prohibir que utilicemos esta alternativa? Podría en el futuro
el gobierno prohibir que compremos los vehículos a crédito o con el convenio de
cambio futuro?
Diego Fernandez
