Nuevo esquema de aseo para Bogotá: con muy pocas opciones
Diego Fernández
El esquema de prestación del
servicio aseo que monto y dejó el ex alcalde Petro es todo un desastre. No solo
empeoró la calidad del servicio sino que creó una serie de cargas a la ciudad
de las que difícilmente se podrá deshacer en el corto plazo, las cuales van desde
más de 3000 nuevos “empleados públicos”, con todas sus garantías y cargas
laborales que corresponden; un costoso esquema de reciclaje y aprovechamiento
que no ha servido para casi nada (solo para garantizar pago a un grupo de recicladores
seleccionado políticamente, por
volúmenes de reciclaje irrisorio); casi 100 mil millones de gasto en vehículos
(entre alquiler y compra), muchos de los cuales ya no sirven y hasta enormes
multas de parte de las Superintendencias (der Servicios Públicos y de Industria
y Comercio), que si bien están por ahora bajo recursos de reposición, parece difícil
que la ciudad se libre de ellas.
Sin duda alguna, como lo ha
anunciado el alcalde Peñalosa ese esquema hay que cambiarlo. Pero si bien, como
el afirmo “el sector público recogiendo basura es un desastre”, la salida del
sector público distrital de la operación del servicio de aseo no parece fácil.
Para las zonas que actualmente no
atiende “Aguas Bogotá” (el brazo del Acueducto de Bogotá a cargo del servicio
de aseo), las cuales son servidas por contratistas privados mediante la modalidad
de prestación de servicios, y que representa el 48% de la ciudad, la salida es relativamente
fácil: se vuelve a montar el esquema anterior (operadores zonales exclusivos, con
concesión a 8 años y responsabilidad integral por el servicio) o algo similar,
incluyendo a los recicladores (puede ser con rutas exclusivas de reciclaje) como
lo exige la Corte Constitucional.
Pero para 52% de la ciudad, que
es atendido directamente Aguas de Bogotá, la cosa no está fácil: la simple
entrega al sector privado como lo propuesto para las otras zonas, dejaría al
Acueducto de Bogotá con una flota de carros viejos (pero con vida útil
remanente) y miles de empleados, de los cuales no se podrá deshacer fácilmente –ni
de los unos ni de los otros-.
Quedarse el Acueducto de Bogotá con
los más de 100 carros recolectores que tiene y dejarlos podrir en sus
parqueaderos, o feriarlos al mejor postor (muchos como chatarra), implicaría
detrimento patrimonial al Distrito, un festín jurídico para los Petristas que “pondrían
a bailar con la más fea” al alcalde y a la gerente del Acueducto durante los
próximos 4 años.
Y botar a los 3.000 empleados de
Aguas de Bogotá, además de los enormes costos jurídicos y financiero que puede significar,
también puede tener costos políticos enormes para el Alcalde Peñalosa.
Por lo anterior, parece que no se
podrá sacar a Aguas de Bogotá del negocio del aseo en la ciudad de un solo
golpe como es el deseo –totalmente razonable- del nuevo Alcalde.
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